Tutela, pero a favor de la juez Heredia

Por: Cecilia Orozco Tascón
Tomado de el espectador.com

Jaime Granados, el abogado principal de Uribe Vélez, enfrenta una notoria contradicción que pone en duda su estrategia de suspender la orden de captura de su cliente, ordenada por la Juez 44 que profirió el fallo condenatorio. Granados interpuso una tutela el lunes pasado en que le solicita al Tribunal Superior de Bogotá que tumbe la medida de restricción de la libertad del expresidente porque “[como] la condena no está en firme… [su detención] transgrede en forma grave [sus] derechos a la dignidad, debido proceso [y] presunción de inocencia”. Aunque la tesis sobre la presunta violación de los derechos fundamentales del enjuiciado parece traída de los cabellos si se tiene en cuenta que el expediente ha pasado por todos los estadios y estrados nacionales posibles durante siete años, en la más corta de las estadísticas, no hay que desconocer que existe otro derecho: al pataleo. El argumento de que un condenado sí puede o no puede ser detenido mientras el primer fallo no sea confirmado o desechado por un tribunal, ha sido estudiado no una, sino decenas de veces tanto por la Corte Suprema como por la Constitucional. La respuesta simple a ese dilema es que “depende de cada caso concreto”. Así que habrá que atenerse a la respuesta de los magistrados que revisen la tutela, y acatar lo que ellos decidan, guste o no al uribismo, a la derecha, a la ultraderecha o a la izquierda, tal como se exige en las democracias en cuyo sistema los jueces no son subalternos de los políticos ni, mucho menos, guardianes de un espurio privilegio de impunidad que los cubriría dependiendo de la importancia social que se atribuyan a sí mismos.

La contradicción que pone a tambalear la hipótesis de la tutela del abogado del presidente del Centro Democrático se origina, irónicamente, en el propio sector del enjuiciado: con la agresiva campaña de desprestigio que ha desplegado, públicamente, en contra de la Juez 44 y, por efecto de demostración, en contra de los demás togados de Colombia que se atrevan a tocarlo, el convicto ha demostrado su poder de intimidación y su temible capacidad de obstrucción de la justicia, así como la de sus hijos, hoy tan poderosos como él; la de sus pares ideológicos nacionales e internacionales; la de sus congresistas, abogados de oficio, aliados de clase, columnistas, directores de medios, influenciadores digitales, bodegas, etc. Difícil encontrar un ejemplo de mayor amenaza a la independencia judicial que el que estamos presenciando en el país, ante el silencio acobardado de los dignatarios de las cortes, energúmenos cuando se trata de confrontar a los actores políticos de otros espectros. Entre las razones esgrimidas por la juez, cuando ordenó la más confortable de las reclusiones, es decir, la detención domiciliaria, extraje las siguientes: “Es crucial subrayar que el ataque irrogado atentó contra la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones… [que] se trató de un agravio que ‘amerita’… garantizar que la administración de justicia no sea objeto de manipulación ni de desviación de su propósito legítimo… [y que] no es menos verídico que… se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa”.

Aun cuando la trayectoria profesional de la juez Sandra Heredia es larga, prolífica y autónoma, el uribismo se ha regodeado ofendiéndola a partir de la pequeñez de mofarse de la destreza de su lectura, y hasta la difusión, sin fundamento alguno, de que la sentencia no fue escrita por ella sino por Eduardo Montealegre –típica imagen misógina de la hembra bruta vs. el macho inteligente–, dizque porque la togada fue ¡una de 20 mil funcionarios que trabajó en la Fiscalía del actual ministro! Esto a pesar de que la medida de restricción con que Heredia cobijó al expresidente fue la más suave: él podrá escoger una de las 72 propiedades que posee la familia Uribe Moreno, según revelación hecha por el medio virtual Vorágine (ver). La del condenado será una prisión dorada, irrepetible en Colombia: una de sus haciendas de miles de hectáreas de extensión, casona atendida por mucamas y jornaleros; jardines, bosques, lagos, caballerizas y más. ¡Ya quisieran los cerca de 100 mil presos que hay en la “patria” contar con una infinitesimal parte de esas ventajas! Si yo fuera la togada Sandra Heredia, interpondría otra tutela, claro, en contra de Uribe y del uribismo. Y aprovecharía las motivaciones de Granados: por la “transgresión, en forma grave, de los derechos (de la Juez 44) a la dignidad, al debido proceso y a la presunción de inocencia”.