Acuerdo Nacional y Golpe Blando
En las dos últimas semanas al tiempo que se presentaba por parte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la propuesta de un Acuerdo Nacional las fuerzas de la oposición parapetadas en el politiquero Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobaban en una ponencia llena de inexactitudes, la apertura de un proceso de investigación a la campaña presidencial del año 2022, que culminó con la elección de Gustavo Petro como presidente de la República con una votación de 11’291.986 frente a 10’604.337 que obtuvo el reciente candidato fallecido Rodolfo Hernández. Muchos de los opositores desde entonces hacen todo lo posible por negar el nítido y claro triunfo de Petro en estas elecciones.
Obviamente la apertura de la investigación a la campaña y en un exabrupto mayor al candidato Gustavo Petro dividiendo el fuero presidencial que no puede ser dividido entre el candidato y el presidente, teoría descabellada asumida por la Sala de Consulta del Consejo de Estado que ha reafirmado los ímpetus de los opositores para tratar de sancionar al candidato presidente, esta apertura de investigación prácticamente enterró la propuesta de Acuerdo Nacional impulsada por el ministro Cristo. Así lo reconoció este martes el propio ministro en diversas entrevistas.
El Acuerdo Nacional en sala de cuidados intensivos
En diversos escenarios el ministro Juan Fernando Cristo presentó los cinco puntos de su propuesta de Acuerdo Nacional que vale la pena reseñar. El primer punto se refiere a la seguridad y a la erradicación de la violencia del ejercicio de la política. Segundo, respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. Tercero, transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto, que es ponerse de acuerdo con llevar adelante de forma concertada de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, para los 170 municipios que fueron los más golpeados por la confrontación armada entre el Estado y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. El cuarto punto, crecimiento económico con Equidad- Transformación de la Economía. Que se traducen un acuerdo para impulsar la reforma rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales, así como con el compromiso del fortalecimiento de los sectores estratégicos de la industria nacional como el sector agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo con instrumentos como los créditos de fomento. Y finalmente el quinto punto se refiere al compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. Este punto se refiere a las reformas laboral, de salud, de la reglamentación de la jurisdicción nacional agraria y a la reforma política que han sido radicadas y se encuentran en la discusión en el Congreso de la República.
El ministro Cristo señaló que esta Agenda venía siendo presentada en distintos escenarios a los partidos políticos, gremios empresariales y organizaciones sociales. Si se examina el texto es un Acuerdo de Mínimos que dicen más a la forma de abordar estos grandes temas de la Agenda Nacional que a contenidos concretos de la agenda reformista del gobierno. Hay puntos que son obvios pero que son importantes dada la desinformación o las actuaciones poco afortunadas y sin futuro como de quienes promueven la relección del presidente Gustavo Petro a la que él mismo ha renunciado públicamente, pero algunos parlamentarios, muy pocos es la verdad, insisten en algo que es más un distractor que una posibilidad cierta. Es lo que se consigna en el punto dos de la agenda propuesta. Pero pese a que es un acuerdo de mínimos algunos como el Centro Democrático se negaron a reunirse con el ministro Cristo como el mismo lo señaló y en una comunicación pública César Gaviria rechazó la propuesta ¡porque provenía de un gobierno que no respeta los fallos judiciales! Ver para creer que un expresidente acuda a argumentos traídos de los cabellos para suscribir un acuerdo de procedimientos democráticos en el debate público.
Pero la verdad es que esta oposición al gobierno del Cambio como lo hemos señalado en este mismo espacio carece de propuestas que no sean la defensa del estatus quo existente y el recurrir al obstruccionismo y al filibusterismo que pareciera que son irrenunciables en su actuación, pareciera que ya son parte de su ADN. Es la misma historia que se repite una y otra vez, en los debates del Congreso mueven recusaciones infundadas e impedimentos ridículos para obstruir, no debaten en los organismos que se crean para el debate y la concertación, pero luego salen a vociferar que se les impide ejercer el derecho de oponerse a la agenda reformista, desde luego que comprometerse públicamente con desarrollar un debate leal sin mentiras sin fake news parece que es una tarea imposible para la oposición de los partidos Cambio Radical y el Centro Democrático.
En la medida en que por la ley y la aplicación de las normas han dejado de ejercer poder en organismos claves para el funcionamiento del Estado como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y en pocos meses en la Procuraduría, se vuelven más descarados en la utilización de organismos en los cuales conservan poder o mayorías. Tal el triste papel que desempeñaron personajes como Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación, Margarita Cabello al frente de la Procuraduría y Carlos Camargo al frente de la Defensoría del Pueblo, que abandonando sus funciones misionales se dedicaron desde estas instituciones a obstruir y perseguir políticamente a los funcionarios de este gobierno o a obstruir procesos como el de la negociación con los actores armados en el caso de Barbosa. Ahora se alinderan en algunos organismos de la justicia para tumbar sin mayores argumentos políticas públicas del actual gobierno como es el caso de la Corte Constitucional en varios casos como el favorecimiento a las multinacionales mineras en el pago de impuestos o más recientemente a la prohibición de la contratación de obras públicas como vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal, esta Corte pasará a la historia como una Corte conservadora y opositora a la agenda progresista. Ahora se parapetan en el Consejo Nacional Electoral para tratar de desconocer los resultados electorales del año 2022.
El golpe blando y el Consejo Nacional Electoral, CNE.
Así como han utilizado a los organismos de Control ahora echan mano de un organismo que en su conformación es la extensión de los partidos políticos en la justicia administrativa electoral. Como se sabe este organismo es elegido en el Congreso por los partidos políticos para que los vigile y controle. Es una falla de la estructura misma del Estado. Ahora está siendo utilizado para intentar deslegitimar la elección del presidente Gustavo Petro en un proceso lleno de irregularidades. Mencionemos las más protuberantes. La primera es una investigación extemporánea. La ley establece que el CNE tiene 30 días una vez realizado el certamen electoral para abrir las investigaciones sobre las presuntas irregularidades. Este politiquero organismo no lo hizo en el plazo estipulado sino muchos meses después. Pero además aceptó las cuentas presentadas por la campaña presidencial de Petro y dio el visto bueno para la reposición de los recursos por los votos obtenidos por el Pacto Histórico.
Antes incluso de la descabellada respuesta a una consulta elevada a la Sala de Consulta del Consejo de Estado que ratificó la tesis según la cual una cosa es el candidato presidente y otra cosa el presidente electo, ya los consejeros investigadores de la campaña, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del partido Liberal, en su metodología de investigación habían decidido desconocer el fuero presidencial, así que la Sala de Consulta del Consejo de Estado solo ratificó esta descabellada teoría. Y no es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, no tenga facultades para investigar sobre el financiamiento de las campañas solo que debe hacerlo primero en los 30 días siguientes a la realización del certamen electoral respectivo, en segundo lugar, debe formular cargos sobre las cuentas que serán controvertidos por los partidos implicados y sus funciones solo les permite imponer multas y sancionar a los partidos con medidas sobre su personería jurídica nada más. Si encuentra y prueba irregularidades debe hacer traslado de dichas pruebas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes si la campaña investigada es la del presidente de la República.
Pero además hay una serie de irregularidades en la ponencia que fue aprobada para dar inicio formal a la investigación sobre la campaña de Gustavo Petro: la primera formular cargos contra el presidente que viola su fuero constitucional y en segundo lugar imputar a la campaña ingresos que fueron a los partidos del Pacto Histórico como los recursos de Fecode o de la Uso que fueron dirigidos a Colombia Humana para el financiamiento de los testigos electorales que no deben ser imputados como gastos de la campaña. Hay antecedentes en decisiones de este mismo organismo como el Caso de la campaña de Iván Duque que se contabilizaron no como ingresos de la campaña sino ingresos al partido Centro Democrático, esta jurisprudencia administrativa debe ser igual para todos, en este caso no lo es. Y así se podrían enumerar otra serie de irregularidades en que incurre la ponencia aprobada para dar inicio a la investigación sobre la campaña presidencial.
Como hemos sostenido en este mismo espacio no es que no se presenten hechos comunes a un golpe blando, sino que no creo que esta sea la realidad. Hoy el Consejo de Estado ha admitido una tutela del presidente de la República a la cual por las medidas que tomó le esta dando prelación. Si la Sala respectiva del Consejo de Estado mira con objetividad y decide en derecho, esta ponencia se caerá irremediablemente, esperemos que el Consejo de Estado enmiende el error de su Sala de Consulta. También la Corte Constitucional podría, si tuviera la voluntad política para hacerlo, enmendar este descarado mecanismo de utilización de organismos del Estado para hacer obstruccionismo. Tiene en sus manos un proceso de colisión de competencias entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral por la figura del fuero presidencial, pero esta es una Corte derechizada y apocada. Ya veremos. Es tan grosera y chapucera esa ponencia aprobada por las mayorías del CNE que confiamos en que pronto se caiga.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Boyacá 7 días
Información tomada de sur.org.co
