Cierre con llamado a la acción de la ciudadanía
VII Foro del Agua Ambiente y Servicios Públicos
Cierre con llamado a la acción de la ciudadanía
Este viernes finalizó el VII Foro Nacional e Internacional Agua, Ambiente y Servicios Públicos que se realiza esta semana el Auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el centro histórico de Bogotá.
Dentro de la programación del Foro, se inició con el Panel ¿Cómo debemos reformar el marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios, las tecnologías de la información y las comunicaciones para democratizarlos y devolverle el control al Estado?, con el que se pretende hacer un análisis a la propuesta de reforma a la ley 142 por parte del gobierno de Gustavo Petro.
El panel contó con la moderación de Humberto Polo Cabrera, quien inició sentando la posición de la organización sindical ante los tristes anuncios de la pérdida del patrimonio colombiano y antioqueño de UNE EPM Telecomunicaciones a manos de la multinacional de origen sueco, Millicom.
El presidente nacional de la organización sindical señaló que lo sucedido constituye una violación a la soberanía nacional, anunció que en las próximas horas la organización dará a conocer su plan de reacción a esos graves hechos y llamó a toda la ciudadanía a manifestarse en contra de ese atropello extranjero.
Polo Cabrera exigió al gobierno nacional a emprender las acciones jurídicas necesarias para impedir la pérdida de las empresas del Estado, en manos de las corporaciones que persiguen el despojo del patrimonio, la pauperización del trabajo, el aumento irracional de tarifas y la extracción de capitales.
“Miraremos como trabajadores y como sociedad, cómo reaccionaremos ante esta situación. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de los colombianos del que todos se deben beneficiar, y estamos siendo despojados de él“, finalizó Polo Cabrera.
Ya en cuanto al contenido del primer panel, se inició con la intervención de Ariel Lozano Gaitán, delegado por el director de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, y Jorge Iván Toro, Ingeniero Master en finanzas públicas, consultor en la construcción de la metodología de costos y tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado.
Ante la pregunta de cómo devolver las empresas prestadoras de servicios al Estado, Lozano comenzó señalando que después de 30 años, Colombia cuenta con un sistema de servicios públicos en crisis, reglamentada por una ley 142 obsoleta, hecha para los empresarios, que dejó de lado al usuario; “hoy la gente no cuenta con acueductos, no cuentas con servicios permanentes y no cuenta con calidad estándar en los servicios; de 14 millones de usuarios, 9 millones presentan quejas, y la situación pese a las investigaciones y las sanciones, no mejora. La causa gira en torno a la ley 142 de 1994”, afirmó Lozano.
El panelista señaló que de acuerdo a la Constitución del 91, los servicios públicos son inherentes al estado social de derecho, y ello conlleva unas responsabilidades hacia los más necesitados. En el caso del agua, la responsabilidad es aún mayor por considerarse como indispensable para la vida de los ciudadanos.
Pero además el Estado tiene unos fines que servir a la comunidad, promover el bienestar de los ciudadanos y ello no se da si no se cuenta con las mínimas condiciones.
Lozano señaló que además las empresas requieren ponerse a la vanguardia en materia tecnológica en los procesos operativos y comerciales que las hagan competitivas y estará a la par de los conglomerados que ya se han hecho enormes en el país. Los oligopolios están poniendo las condiciones, el 80% del servicio del país lo prestan 12 oligopolios y ese crecimiento desmedido es peligroso y preocupante por el poder que comienzan a acaparar.
Otro aspecto es prestar atención a los prestadores rurales por su papel de cuidadores de las cuendas, pero además porque deben ser tenidos en cuenta para contener los procesos de desarrollo urbanístico en la medida a la disponibilidad del agua y prestación del servicio y no al revés. Retomar el control de las empresas demanda entonces de grandes esfuerzos a través de políticas de Estado, y cambio del papel de la ciudadanía de usuarios en protagonistas.
El empresario debe en tener que si bien es un negocio, la calidad del servicio no puede seguir siendo de mala calidad, las empresas deben prestar atención a la integración ambiental, y que las empresas no sean la caja menor de los grupos políticos de los municipios, sino que se controle.
Por su parte Jorge Iván Toro, en representación del sector sindical, inicio afirmando que los servicios públicos se convirtieron en una mercancía a la que solo tiene acceso quien los puede pagar. Ello ha conducido al usuario humilde a intentar sin éxito a la justicia para reclamar ese acceso.
Pero además los aspectos ambientales obligan a las organizaciones a tomar parte para garantizar la conservación del medio ambiente en el proceso de servicios públicos frete a las barreras que impone el modelo neoliberal. Se trata de brechas comenzando por la misma ley 142 que abrió el camino de las extrajeras para hacer al control de las empresas del Estado, y convirtió al Estado en solo un regulador.
El segundo panel realizado este viernes, se denominó ¿Cuáles serían los modelos tarifarios alternativos para garantizar el acceso sin barreras económicas a los servicios públicos domiciliarios y las comunicaciones en Colombia?, con la participación de Ruth Quevedo, Comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, y Andrés Felipe Taba, Gerente General de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Jorge Iván Toro Vélez, dirigente sindical en Cali, como moderador y quien contextualizó el surgimiento y desarrollo de los sistemas tarifarios.
Ruth Quevedo, comenzó por plantear la necesidad de cambiar el concepto en materia de aseo, hacia la economía circular, con el aprovechamiento de residuos hacia el concepto de basura cero, que hasta la fecha no avanzado de acuerdo a los compromisos establecidos como país miembro de la OCDE; la funcionaria enumero la necesidad de estimular el sistema de reciclaje incluso de material orgánico, que disminuya la especulación en las cargas de basuras que facturan los operadores y Otro aspecto es la calidad oligopólica del sistema controlado por 5 grandes empresas en todo el país, que impide. Quevedo advirtió sobre la falta de propuestas generadas desde los trabajadores y los usuarios, que puedan contrastarse con las propuestas que sí han presentado los empresarios.
Andrés Felipe Taba a su vez, se refirió a la forma de aplicar las tarifas según las áreas de prestación y describió el impacto entre las comunidades de los cambios de políticas tarifarias, implementados por los gobiernos anteriores y el avance al logra implementar una tarifa única regional, que permitió alcanzar reducciones y hace viable la construcción de obra e infraestructura para pequeñas comunidades, que de manera independiente no podrían acceder a las mismas. La funcionaria consideró necesario atacar el proceso de conformación de oligopolios, de acuerdo a los objetivos sociales del Estado de proteger el bien común y las mayorías de la ciudadanía.
De gran interés resaltó el planteamiento de Taba, en la capacidad de las empresas públicas de hacer uso eficiente de sus recursos técnicos y humanos, para emprender por su cuenta las obras y enumero las opciones de acceso a fuentes de energía como la renovable, actualización tecnológica y capacitación del personal y tasas retributivas.
Finalmente Toro cuestionó la excesiva reglamentación ambiental actual, que condena a las comunidades recicladoras y en especial las pequeñas empresas de servicios a terminar en corto tiempo, en manos de esos oligopolios con capacidad financiera de cumplir, por ejemplo, con la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, como lo exige la norma vigente y planteó una revisión a las tarifas por concepto de pago de infraestructura y el desarrollo de mecanismos de participación en la definición de nuevas tarifas.
