Finanzas públicas: ¿saludables o en estado de coma?
Mientras el recaudo tributario disminuye, el Gobierno se ve obligado a recortar el presupuesto de inversión.
Carlos Fernández
Los recursos del Estado han sufrido en el último tiempo un deterioro evidente, que ha sido objeto de discusión en todos los niveles del propio Gobierno, en la prensa, entre los expertos, etc. Al finalizar el mes de abril, los recaudos por concepto de impuestos, que maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron inferiores en 10,3 por ciento a lo recaudado en el mismo período de 2023 y en 12,6 por ciento respecto a la meta fijada para el acumulado de los cuatro primeros meses de 2024. A mayo, los recaudos acumulados fueron 4,4 por ciento inferiores a los del mismo período de 2023 y 12,1 por ciento inferiores a la meta fijada para el período. La situación, difícil en verdad, no ha adquirido, hasta ahora, como algunos lo plantean, carácter de catástrofe.
El porqué del bajo recaudo
El ministro de Hacienda y el saliente director de la DIAN, ahora ministro de Comercio, Industria y Turismo, comparten la opinión de que, en la medida en que la Corte Constitucional no avaló la norma de la reforma tributaria que impedía la deducibilidad de las regalías petroleras y mineras del impuesto de renta, los recursos presupuestados por este concepto no se van a percibir y afectaron los recaudos en lo que va corrido del año. Al ser deducibles las regalías, el Estado deja de percibir este año unos seis billones de pesos, lo que constituye una importante afectación a los ingresos.
De otro lado, los grandes contribuyentes, amparados en conceptos del Consejo de Estado, están solicitando devoluciones de saldos a favor que ya pagaron y, según el ministro, buena parte de la reducción del recaudo hasta la fecha tiene que ver con estas devoluciones. En su intervención en la 58ª Convención bancaria, el presidente de la República reconoció, autocríticamente, que esto fue producto de un error de su gobierno, pues, buscando mostrar rápidos éxitos en la ejecución de la reforma tributaria de 2022, se expidió un decreto que aceleraba las retenciones en la fuente del impuesto de renta de los grandes contribuyentes, lo que generó unos saldos a favor de los mismos que, ahora, toca devolver. Por tanto, el recaudo se afectó este año, pues una parte de los impuestos ya fueron pagados, y pagados en exceso.
En esa misma intervención, el presidente hizo notar, de otra parte, que la situación del recaudo no es completamente catastrófica, pues hay una disminución de los ingresos respecto al año 2023, pero los recaudos logrados durante lo corrido de 2024 son superiores de manera importante respecto a los años 2022 y anteriores, lo cual es cierto.
De otro lado, el presupuesto nacional se verá afectado en sus ingresos en unos diez billones de pesos por el retiro del proyecto de ley sobre arbitramento de litigios de la DIAN, debido a la oposición del mismo Consejo de Estado. Se tenía previsto recaudar estos recursos hacia el final del presente año, lo que significa que tal situación no tiene que ver con el incumplimiento de la meta de recaudo a mayo por quince billones de pesos. Según el ministro, habrá que revisar las metas de recaudo que se fijaron en el Presupuesto nacional de 2024 y el porqué de su alejamiento tan notorio de los resultados alcanzados.
El recorte del presupuesto
De todas maneras, el comportamiento de los ingresos públicos está generando unos problemas de caja al Gobierno nacional, que lo ha llevado a plantear una reducción presupuestal de veinte billones de pesos para hacer frente a la insuficiencia de recursos. Los analistas convencionales y los gremios han planteado la necesidad de este recorte para, según ellos, evitar que un problema que es estructural se vuelva inmanejable. Analistas del Banco de Bogotá, incluso, han planteado que el recorte debe ser de 48 billones de pesos. Es como si quisieran dejar al Gobierno con las manos más atadas de lo que ya las tiene.
En su intervención en la Convención bancaria, ya mencionada, el presidente dio la impresión de que aceptaba un poco a regañadientes la necesidad de este recorte presupuestal, pues con él se frenan algunas de las iniciativas de inversión de su gobierno, relacionadas con el cambio de modelo económico, de extractivista a generador de valor y, por ende, de riqueza. Se puede afirmar, en todo caso, que, más allá de la oposición de la derecha extrema al Gobierno, que quisiera que este fracasara en su intención de cambio, al sector privado no le conviene, tampoco, que el Estado no gaste, mucho menos si la economía presenta síntomas de estancamiento, que exigen una política de reactivación impulsada por el gasto público y orientada al cambio de modelo.
La ortodoxia económica y el crecimiento
La ejecución del gasto del Gobierno presenta unas restricciones insalvables. En primer lugar, el cumplimiento de la regla fiscal, que lo obliga a no superar un monto de déficit presupuestal que, para 2024, equivale a 5,6 por ciento del PIB. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, documento en el que el Gobierno nacional proyecta las finanzas públicas a diez años y que presentó recientemente, cumpliendo las normas legales, el Gobierno ya incorporó el recorte presupuestal de veinte billones de pesos y calcula que cumplirá la regla fiscal al centavo en las nuevas condiciones presupuestales y económicas. Las nuevas cifras están relacionadas con algunas modificaciones de los supuestos sobre el comportamiento de ciertas variables clave de la economía como el crecimiento del PIB, la tasa de inflación, la de devaluación, el precio del petróleo. Se trata de supuestos razonables que tienen en cuenta las condiciones prevalentes en el plano internacional y nacional, si bien la geopolítica, la evolución de la economía mundial y la oposición a ultranza a los proyectos de cambio introducen incertidumbres insalvables.
De hecho, hay que señalar que, sin conocerse, en el momento de escribir esta nota, en dónde se harán los recortes del presupuesto, se ha señalado que la reforma pensional, ya aprobada, y las otras que se aprueben, van a generar gastos adicionales que requieren nuevos recursos. El ministro de Hacienda señaló que las reformas no van a generar presiones presupuestales que no puedan financiarse en las condiciones actuales. Habrá que esperar los cálculos sobre el incremento de gastos que las reformas generen, pero su puesta en práctica no puede dejarse para futuros inciertos.
Otra restricción tiene que ver con el pago de la deuda interna y externa. El Gobierno anterior, con ocasión de la pandemia, elevó notoriamente la deuda pública y tuvo la originalidad de ser el único país en el mundo que apeló a un préstamo de la línea flexible del Fondo Monetario Internacional, FMI, que ahora se tiene que pagar en apremiantes cuotas trimestrales. También ha sido riguroso el Gobierno en el pago de la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, gracias, en gran parte, al aumento del precio de la gasolina. Ahora se impone el alza del precio del diésel, que presenta mayores escollos para no afectar el nivel general de precios de manera peligrosa.
Esta ortodoxia, necesaria en el manejo de las finanzas públicas, limita la inversión en el cambio, lo mismo que las declaratorias de inconstitucionalidad de algunas partes de la reforma tributaria.
El Gobierno ha clamado para que el Banco de la República disminuya la tasa real de interés y se ha mostrado de acuerdo, en este sentido, con los pedidos del propio sector privado industrial y bancario, pues la inversión se ha afectado notablemente ante las elevadas tasas. O sea que hay una posición común del Gobierno y los gremios empresariales para que se facilite la inversión. El Gobierno ha prometido un plan de reactivación para el segundo semestre, sin el cual, y en las actuales condiciones de la inversión, se entraría en un proceso recesivo de consecuencias no calculadas.
Pero no se trata de lograr una reactivación que siga la misma senda que ha seguido hasta ahora, que sólo beneficia a los propietarios de tierras, industriales y comerciantes más grandes y a las corporaciones del sector extractivista. Se trata de reactivar, también y prioritariamente, la economía de los sectores populares mediante el desarrollo de proyectos productivos asociativos, que impulsen la agricultura (cuyo comportamiento en lo corrido del año ha sido notable), la industria, el comercio cooperativo y el turismo. De lo contrario, será muy difícil plasmar el proyecto progresista.
(*) Economista
Infomración tomada de semanariovoz.com
