La crisis del sistema de salud y la necesidad de su reforma
El escrito del día de hoy estaba referido a hacer un balance de algunas de las políticas públicas del gobierno del Presidente Gustavo Petro, no obstante, dadas las últimas circunstancias acaecidas respecto al debate público que ha suscitado la reforma a la salud, me veo en la obligación de responder de fondo la carta emitida el pasado 21 de enero que firmaron 18 Ex Ministros y ex Viceministros de salud que una vez más siembran pánico y zozobra en la sociedad colombiana respecto a la prestación del servicio de salud. La temeraria carta la denominan “Colombia avanza hacia un colapso del sistema de salud”.
Los exfuncionarios sostienen que miles de ciudadanos no están accediendo a tratamiento y servicios a los que antes accedían con regularidad, como si esto fuera una situación nueva en Colombia. Debo recordarles a los exfuncionarios que esta situación no es reciente, esta es la razón por la que la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760 de 2008, léase bien, año 2008, por ser el derecho a la salud el más vulnerado en Colombia después del derecho de petición, en Colombia cada tres minutos se interpone una tutela por negación de servicios, sin que esto causara ninguna indignación a quienes en ese momento estaban frente a la cartera de salud.
El problema financiero del sistema viene desde hace más de una década, si no hubiera sido así por qué el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con su ex Ministro Diego Palacio, firmante de la carta y que por cierto estuvo seis años en la cárcel por corrupción, tuvieron que apelar a la figura de la emergencia sanitaria en el año 2009 para superar problemas financieros que desde ese momento aquejaban al sistema de salud, sólo que, para ese momento la idea que tenía el firmante de la temeraria carta, era cargar los sobrecostos del sistema a las clases medias y trabajadoras. En el año 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible esta medida de emergencia argumentado que de ninguna manera la crisis del sistema era un hecho sobreviniente, sino que tenía causas estructurales que tenían que resolverse por la vía de la política pública, exhortando al Congreso de la República a tomar cartas en el asunto.
En otro aparte de la carta, continúan los distinguidos ex funcionarios afirmando que el aumento de la UPC es insuficiente en un 12,01%, dado que según ellos no tiene en cuenta el vasto consumo de los afiliados al sistema, dicen que está muy alejado de los calculado por los expertos que dijeron que el aumento debía ser del 15% para la UPC y el 10,6% para los presupuestos máximos. No dicen cuales son los expertos, ni micho menos citan estudios que sustenten dicha cifra, presentan esto desde falacia de autoridad de una experticia que ellos presumen de manera elitista que tienen por el sólo hecho de ser ellos. Lo que ocultan al país es que en el estudio que hizo la comisión reguladora conformada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Dirección de Planeación Nacional y el Instituto de Evaluación de tecnologías en salud, para el cálculo de la UPC del año 2024, sólo 4 de 27 EPS reportaron información confiable, y con esa información el aumento sólo les alcanzaba para un 6,7%, el gobierno apelando a otras variables llegó al 12,01%, luego no existe ninguna evidencia ni sustento de que exista insuficiencia de la UPC. En el 2023 se hicieron 5 mesas técnicas en donde participaron 18 EPS con los dos gremios representativas de las mismas y no pudieron demostrar que había insuficiencia de la UPC. No pudieron demostrar con cifras que hayan aumentado las frecuencias de uso y los costos con cifras al 30 de junio.
De otro lado insisten los ex ministros que no existe estudio económico que sustente la reforma a la salud. Desde el 13 de febrero junto con la reforma se radicó en el Congreso de la República, el anexo 3 de estudio económico de la misma, el cual fue dirigido por el economista Luis Jorge Garay, que fue retomado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que radicaron en noviembre del 2023 ante la Cámara de Representantes un informe de impacto fiscal que consagra lo que hasta ahora ha aprobado por esta cámara, en este informe técnico del Ministerio de Hacienda, se dice que el impacto fiscal de la reforma es muy bajo y que equivale a 0,8% eso es aproximadamente un billón de pesos adicionales, al cabo de la maduración de la reforma se prevé una estabilización de los costos del sistema de salud.
Respecto a la viabilidad fiscal y financiera del actual sistema de salud, lo que omite la carta de los ex ministros, es que desde el año 2014 las EPS tenían que aprovisionar y resguardar reservas técnicas para soportar con inversiones líquidas la prestación de servicios, lo que les daría el estatus de aseguradoras. El informe de la Superintendencia de Salud del 2023 muestra que proyectaron inversiones por 18,7 billones de pesos y hoy tienen un déficit de 12,4 billones de pesos que hoy podrían solventar la deuda que supera los 23 billones que acumula el sistema de salud por décadas, de deudas de las EPS con clínicas, hospitales, proveedores y trabajadores. Tampoco le dicen al país que los informes de la Supersalud muestran que más de un millón de quejas de pacientes se presentan por no entrega de medicamentos que no estaban desabastecidos ni escasos.
Lo que más asombra de la carta es que reclaman porqué el gobierno hará una inversión en centros de atención primaria en salud para garantizar la atención básica de la población, teniendo en cuenta que mas de 633 municipios en Colombia no tienen puesto de salud en su zona rural, es parte de las inequidades que generó el actual sistema. Se oponen a que el Estado realice inversión pública a las comunidades más vulnerables, que el sistema que ellos administraron, abandonaron a su suerte. La carta en general es temeraria, busca sembrar pánico y zozobra y como hemos descrito, carece de fundamentos que aporten a un debate público que le permita al país superar la crisis estructural del sistema de salud. Hago un llamado a los ex ministros a la responsabilidad pública con el país, y a adoptar una postura constructiva frente a los enormes esfuerzos por resolver un problema que ellos conocieron, no resolvieron y permitieron que empeorara por medidas como por ejemplo, la flexibilización de requisitos de permanencia de las EPS, medidas que se adoptaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que lo único que lograron fue dar una apariencia de normalidad del sistema que no era real, mientras el sistema de salud hacía aguas. La realidad es tozuda y hay que enfrentarla. Es por todo ello que la reforma al sistema de salud es necesaria.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de Salud, médica psiquiatra
Foto tomada de: Luis Alberto Martínez en X
Información tomada de www.sur.org.co
