Esta columna fue escrita por el columnista invitado Daniel Rivera*.
A pesar del rápido avance del cambio climático y el calentamiento global, que amenaza la supervivencia de todas las especies en el planeta, en la mayoría de los países de América Latina el sector del agua ha sido incapaz de renovar sus políticas, fortalecer su institucionalidad y elaborar nuevas propuestas para responder a las crisis del agua, incluyendo los problemas de escasez, excesos e inundaciones, o la contaminación y degradación de las fuentes superficiales o subterráneas.
Las actuales crisis hídricas no son una consecuencia inevitable de la insuficiencia del agua, sino que se originan en la aplicación de políticas y estrategias desacertadas de gestión que contribuyen a extender y agravar las condiciones de escasez, o en la ausencia absoluta de políticas, que también agravan la situación. Por eso es necesario construir una nueva gestión del agua. Hay dos experiencias que permiten ver este argumento. Bogotá, donde algunas omisiones o decisiones equivocadas o tardías pueden intensificar las crisis de escasez hídrica; y Barcelona, España, que evidencia que, aún en condiciones de escasez, una buena gestión del agua puede hacer la diferencia entre el desabastecimiento o los cortes del servicio, y el uso y el suministro racional del agua.
En 25 años, cerca de 5.000 millones de personas —la que será la mitad de la población mundial para esa época—, afrontará dificultades por falta de disponibilidad y acceso al agua. No es un augurio sombrío, sino una amenaza grave porque esto limita las posibilidades para el desarrollo del potencial humano, acentúa la pobreza y la desigualdad, restringe la producción de alimentos, y pone en serio peligro la conservación de la biodiversidad y la sobrevivencia de todas las especies que habitamos el planeta. Resulta paradójico que un sector con tantas repercusiones sobre la sostenibilidad de la vida en el planeta no tenga autocrítica para capitalizar sus errores y renovar sus políticas. Al contrario, el agua se sigue degradando y se acumula una deuda ecológica, económica y social insostenible sobre las espaldas de las generaciones futuras.
Sin las reformas que requiere el sector del agua, la escasez y la no disponibilidad física no sólo seguirán en muchas regiones, sino que serán más intensas y frecuentes. América Latina puede ser una de las más afectadas por el cambio climático y las sequías recientes en Colombia, México, Chile, Brasil o Bolivia confirman esta tendencia.
El caso de México es inquietante. En mayo de 2024, el 79% del territorio nacional sufrió por sequías. Solo el 33% de los 2.469 municipios y alcaldías del país tenía agua todos los días. El área metropolitana de la Ciudad de México enfrenta un alto riesgo hídrico: las represas del sistema Cutzamala, que abastecen el 30% de la zona, se encuentran al 27% de su capacidad. El 70% restante depende del acuífero, del cual se extrae agua al doble de la velocidad de su recarga, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta fuente. A pesar de estas alarmas, cerca del 40% del agua potable en la capital se pierde por fugas, debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de la red de distribución, y solo se recicla el 15% del agua.
La mala gestión del agua se caracteriza por una gobernabilidad frágil y unas instituciones débiles, a menudo sometidas a presiones derivadas de asimetrías en las relaciones de poder y a opciones políticas limitadas y excluyentes. Factores como el aumento de la demanda para satisfacer las necesidades de consumo humano, agricultura e industria; la distribución desigual de derechos de uso; la contaminación y la deforestación no son causas de las crisis del agua, sino elementos que agravan y hacen más visibles los problemas de escasez y falta de acceso.
De alguna manera, las crisis del agua se asemejan a enfermedades silenciosas: al principio se perciben como inconvenientes pasajeros y se subestima su gravedad. Cuando los síntomas se vuelven severos, ya es demasiado tarde para actuar. El problema ha crecido y se improvisa una respuesta. En medio del desespero, los gobiernos y sus instituciones reaccionan con soluciones paliativas de corto plazo que solo mitigan la emergencia de manera parcial y transitoria, sin abordar las causas profundas.
El actual racionamiento del servicio de agua potable en Bogotá deja preguntas sobre la gestión de las autoridades distritales de Bogotá en los últimos años para garantizar el abastecimiento de agua en el área metropolitana. Desde el 11 de abril de 2024 el Distrito Capital y el Acueducto decretaron un racionamiento indefinido que afecta a casi 11 millones de habitantes de la capital del país y a 11 municipios que son abastecidos por el Acueducto desde el sistema de embalses de Chingaza, el cual suministra el 70% del agua que se consume en el área metropolitana.
El racionamiento busca: 1) Ayudar a que suban los niveles de los embalses del sistema Chingaza del 14% al 20% en el segundo trimestre de 2024, para alcanzar en octubre el 70% con la llegada de las lluvias. Tras una sequía inusual, a comienzos de este mes, el nivel de los embalses del sistema de Chingaza apenas se acerca al 45%. 2) Reducir el consumo promedio diario de agua en 2,0 m3/segundo (11% del consumo total de la ciudad), hasta alcanzar la meta de 15 m3/segundo.
Después de cinco meses de racionamiento, el objetivo de reducir el consumo de agua de la ciudad por debajo de los 15 m³/s no se ha logrado y resulta difícil de alcanzar. Este objetivo parece poco realista y deja un margen limitado para la acción. El consumo promedio por persona en Bogotá es de 110 litros diarios, muy cerca del mínimo de 100 l/día recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Comparado con otros lugares, el consumo en Bogotá es bajo: 350 l/día en países desarrollados, 360 l/día en México, 250 l/día en Buenos Aires y 200 l/día en Brasil. La reducción del consumo residencial en Bogotá en los últimos años no se debe a una campaña de ahorro precipitada, sino a la implementación metódica y escalonada de un régimen tarifario que reconoce los costos reales de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Este enfoque ha contribuido, a lo largo de los años, a consolidar una cultura del ahorro de agua en la ciudad.
La crisis por agua que enfrenta Bogotá no ha sido ni tan imprevisible, ni solo meteorológica. Las autoridades distritales justifican el racionamiento argumentando que la intensidad inusual del fenómeno de El Niño y la escasez de lluvias en los cuatro meses previos fueron inesperadas y nos tomaron por sorpresa. Sin embargo, los países cuentan con información, registros y modelos estadísticos basados en la ciencia para monitorear y predecir, con márgenes razonables de certeza, los patrones de fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. Aunque siempre habrá incertidumbre en cuanto a la frecuencia y las áreas afectadas, los indicadores han mostrado, desde hace varios años, una tendencia hacia una mayor intensidad de estos fenómenos.
Una pregunta válida es hasta qué punto una mejor gestión por parte del Distrito era necesaria y viable ante el riesgo de escasez que era previsible desde hace años, dada la creciente intensidad de El Niño y la vulnerabilidad climática del principal sistema de suministro de agua de Bogotá. Es pertinente cuestionar si el racionamiento no es, en gran medida, resultado de una planificación débil que, combinada con condiciones desfavorables, llevó a la ciudad a enfrentar la emergencia actual y que seguirá enfrentando en los próximos años.
De cara al futuro, es fundamental que el Acueducto renueve y fortalezca su gestión ante las crisis de agua que se avecinan. Esto implica desarrollar estrategias de planificación a mediano y largo plazo, mejorar la eficiencia operativa y gestionar riesgos. Y quedan abiertas algunas preguntas: ¿Qué tan cerca está el Acueducto de definir un Plan Estratégico de gestión del agua a mediano y largo plazo, con objetivos realistas y respaldo institucional?; Además de optimizar el sistema norte, ¿qué medidas tiene el Acueducto para gestionar riesgos y afrontar el crecimiento de la demanda y futuras sequías mientras avanzan futuros proyectos?; ¿Qué acciones contempla el Acueducto para mejorar la eficiencia operativa y reducir las pérdidas de agua, que actualmente son del 34% de la producción? Si se redujeran estas pérdidas a la mitad, se podría suministrar agua potable a casi 800.000 hogares cada día.
2. Barcelona: lo que una buena gestión del agua puede hacer
La buena gestión es necesaria, pero no suficiente. Puede fracasar sin una base sólida de gobernanza, que incluya un sistema institucional coordinado, reglas respetadas, acuerdos políticos y mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de esta combinación es la gestión de la crisis del agua en el área metropolitana de Barcelona, que alberga 3 millones de habitantes y recibe aproximadamente 26 millones de visitantes al año.
Desde finales de 2020, Cataluña ha enfrentado la peor sequía de su historia, caracterizada por su extensión, persistencia e intensidad. En lugar de esperar a que las lluvias solucionaran la crisis, los catalanes asumieron la realidad, respaldados por estudios que indicaban que la escasez de agua se intensificaría. Gracias a una gobernanza adecuada liderada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la gestión de la compañía operadora, el sistema de agua se transformó notablemente en solo dos años.
Antes de la sequía, en 2021, el 63% del agua consumida en los 23 municipios del área metropolitana provenía de los ríos Llobregat y Ter, mientras que el agua subterránea contribuía con el 34% y la desalinización con el 3%. Para abril de 2023, la regeneración de agua pasó del 0% al 25%, y la desalinización aumentó del 3% al 33%, mientras que el aporte de los ríos se redujo al 19%. La regeneración ha sido clave para reutilizar el agua en usos no potables, como riegos agrícolas, de parques y jardines y limpieza de calles, aliviando la presión sobre los ríos y embalses.
La escasez y el aumento de costos han fomentado el desarrollo de nuevas tecnologías, convirtiéndolas en herramientas clave para manejar la crisis. La digitalización del servicio permite optimizar la operativa del sistema de distribución, crucial en momentos de escasez aguda.
El control de fugas y pérdidas de agua en la red es una prioridad de gestión. En Bogotá, el índice de agua no contabilizada, que incluye pérdidas físicas y comerciales, alcanza el 34%, mientras que en Barcelona se ha reducido al 16% gracias a dispositivos que generan alarmas inteligentes. Estos dispositivos combinan datos históricos, de telelectura y en tiempo real de equipos de medición instalados en la red de distribución.
En Barcelona, las restricciones de suministro no implican cortes, sino una disminución controlada de la presión del agua. Esto se debe a que las redes no están diseñadas para interrupciones permanentes, las cuales pueden causar roturas en la infraestructura, como ha ocurrido en Bogotá. La experiencia de Barcelona demuestra que, aunque los contextos sean diferentes, hay muchas lecciones y oportunidades para gestionar mejor las crisis del agua en nuestra región.
Las crisis del agua no terminarán con el regreso de las lluvias; nuevas sequías y emergencias por exceso de agua son inevitables. Depender de la benevolencia de la naturaleza o de soluciones temporales no es sostenible. Es crucial anticiparse a estas crisis y desarrollar políticas y estrategias de gestión con visión a mediano y largo plazo.
La mayoría de los países de América Latina aún no ha construido una institucionalidad sólida en el sector del agua. La gobernanza en la región sigue siendo frágil y desordenada. Fuera de algunas grandes ciudades con influencia política, la prestación de servicios en la mayoría de los municipios es precaria, ineficiente e inequitativa.
Superar las crisis del agua requiere que este tema sea una prioridad política, promoviendo así la mejora de las políticas públicas y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el sector.
En este contexto, el mayor desafío de los países será trabajar de forma permanente y ordenada en dos temas interdependientes:
La efectividad de estos dos ejes de trabajo se basa en una interrelación coordinada y simultánea. Las inversiones en infraestructura por sí solas no garantizarán la calidad ni la sostenibilidad de los servicios sin una transformación real en la gobernabilidad del sector. Igualmente, un esquema institucional sólido será ineficaz si no se traduce en acciones concretas que respondan a las necesidades de provisión de servicios. Esta apuesta es formidable, pero necesaria. Las crisis del agua pueden superarse si se reconoce la importancia de mejorar su gestión y se construyen consensos para innovar y desarrollar políticas públicas y estrategias concretas adaptadas a las realidades de cada país.
La sostenibilidad del suministro de agua dependerá de las acciones que se emprendan desde ahora por líderes en los sectores público, privado y la ciudadanía. Es fundamental perseverar en el camino que reconcilie el desarrollo humano, el crecimiento económico, la ética y el respeto por la naturaleza.
Daniel Rivera*
Asesor internacional en gestión de recursos hídricos. Fue director de proyectos de agua e infraestructura en CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Es ingeniero civil de la Universidad de Los Andes y máster en políticas públicas de la Universidad de Duke (NC).
Por
Información tomada de lasillavacia.com