La educación superior gratuita
En Colombia, la educación superior pública enfrenta enormes desafíos de financiación. Las instituciones han tenido que lidiar con un modelo económicamente insuficiente, que limita su crecimiento y restringe el acceso de miles de jóvenes a la academia.
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
El pasado 17 de febrero se llevó a cabo, convocada por la Cámara de Representantes, la Audiencia Pública titulada “Rescatemos la Educación Superior Pública”, que dejó en claro un mensaje contundente: es hora de garantizar más recursos para las universidades estatales y avanzar hacia la gratuidad.
Esta audiencia, que fue celebrada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, marcó un hito en el debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992. Durante el encuentro, estudiantes, docentes, rectores y representantes de distintos sectores coincidieron en la necesidad de consolidar un esquema de financiamiento justo y sostenible.
El objetivo central de la discusión era la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 para garantizar mayores recursos a la educación superior pública, en línea con el compromiso de alcanzar el uno por ciento del PIB en inversión educativa.
“Una reforma al artículo 86 y 87 de la Ley 30 es fundamental. Para nadie es un secreto que la desfinanciación que tienen las universidades públicas en el país ya no da abasto. Hoy estamos precisamente participando de esta audiencia para definir una financiación correcta y coherente de las bases presupuestales.
»El financiamiento a la educación superior no puede ser únicamente para infraestructura, debe ser holística y presentar un proyecto estratégico que le permita ─al sistema de educación─, definir la importancia de estas en las transformaciones sociales”, advirtió David Reyes, Representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Distrital.
Ajuste presupuestal
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, alertó sobre la brecha existente entre el crecimiento de la matrícula universitaria y la financiación estatal. “Mientras que entre el año 2000 y el 2023 la matrícula creció un 176%, los recursos solo han aumentado un 62% en términos reales. Esta diferencia ha impactado negativamente en la calidad de la enseñanza, las condiciones laborales de los docentes y la infraestructura de las universidades”, aseguró Rojas.
Uno de los puntos clave de la propuesta es establecer un mecanismo de ajuste financiero que permita que los recursos destinados a la educación superior se incrementen anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el que sea mayor. Además, la reforma prevé un incremento progresivo de la inversión estatal con el fin de garantizar no solo la gratuidad, sino también la expansión de la cobertura educativa en los municipios que aún carecen de instituciones de educación superior.
“Respaldamos la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Es necesario fortalecer el financiamiento de las instituciones de educación superior porque así podremos garantizar la continuidad de los programas que este gobierno ha implementado en este tema teniendo en cuenta que esta es la base de una sociedad del conocimiento”, expresó al Semanario VOZ Ana María Nates, delegada de presidencia ante el Consejo Superior de la Universidad Distrital.
Educación como derecho
Más allá del debate técnico sobre la financiación, esta discusión toca un aspecto fundamental: la educación superior debe ser entendida como un derecho y no como un privilegio. En un país con amplias desigualdades socioeconómicas, es inaceptable que el acceso a la universidad dependa de la capacidad económica de las familias. Sin una inversión robusta y sostenida en el sector, miles de jóvenes seguirán viendo frustrados sus sueños de formación profesional, perpetuando así los ciclos de pobreza y exclusión.
Los senadores ponentes del proyecto resaltaron la urgencia de garantizar fuentes de financiamiento estables. No se trata simplemente de abrir más cupos, sino de asegurar que quienes ingresan a la universidad tengan condiciones dignas de estudio, bienestar y formación. Para ello, es indispensable una reforma estructural que no deje a las universidades en una lucha constante por fondos insuficientes, ni las haga depender de partidas extraordinarias sujetas a la volatilidad política.
Uno de los grandes desafíos es la equidad en la distribución de recursos. Mientras que algunas universidades han logrado mitigar las deficiencias financieras con ingresos propios o apoyos locales, otras enfrentan un rezago histórico que limita su desarrollo. La reforma debe corregir estas desigualdades y garantizar que todas las instituciones de educación superior cuenten con los recursos adecuados para ofrecer una formación de calidad.
Un largo camino
El camino legislativo de la reforma apenas comienza. Su primer debate en la Comisión Sexta del Senado será determinante para definir el futuro de la educación superior pública en Colombia. Si bien el respaldo del Ministerio de Educación y de algunos sectores políticos es un paso positivo, la movilización estudiantil y ciudadana será crucial para asegurar que este proyecto no se estanque en el Congreso.
A lo largo de la historia, los avances en materia de educación han sido impulsados por la presión de la sociedad civil. La lucha por la gratuidad universitaria no es nueva y ha sido defendida por generaciones de estudiantes y académicos. Hoy, más que nunca, es necesario transformar ese anhelo en realidad y garantizar que la educación superior en Colombia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible para todos.
La lucha estudiantil
“Uno de los principales retos que tenemos desde el movimiento estudiantil, es movilizar a la sociedad en pro de esta reforma y reunir las banderas de lucha en pro de la educación pública, gratuita y universal”, aseguró Sherick Barros, lideresa estudiantil y miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes, ACEU.
Es momento de actuar. La educación superior gratuita y de calidad no solo es una inversión en el futuro del país, sino una deuda histórica con las generaciones que han sido excluidas del sistema universitario por razones económicas. El debate no puede postergarse más. La gratuidad universitaria es el único camino hacia una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos.
Infomración tomada de semanariovoz.com
