Organizaciones sociales del Catatumbo presentan informe sobre la Comisión de Verificación
CI.- Diferentes organizaciones sociales del Catatumbo presentaron el informe preliminar de la Comisión de Verificación Humanitaria. Dicho informe fue presentado a las comunidades y al Presidente Petro, quien fue criticado por estigmatizar a las organizaciones de la región.
Este viernes, líderes y lideresas sociales de distintas organizaciones sociales del Catatumbo presentaron el informe de la Comisión de Verificación Humanitaria realizada a cinco zonas críticas del municipio de Tibú, en Norte de Santander.
El informe preliminar fue entregado a las comunidades y al propio presidente Gustavo Petro, quien estuvo presente en el municipio para anunciar la firma del Pacto Social por el Catatumbo.
Primeros hallazgos de la Comisión de Verificación
Abusos de las fuerzas militares, violación de derechos humanos, reclutamiento de menores, enfrentamientos armados que ponen en riesgo a la población, desplazamiento forzado, entre otros, fueron los principales hallazgos realizados por la Primera Comisión de Verificación.
De igual forma, denuncian afectaciones a la población civil, amenazas contra líderes y lideresas comunales y sociales.
Afirman que en la crisis humanitaria han ocurrido desapariciones, confinamientos y varios impactos negativos generados tanto por los enfrentamientos como por la implementación de la conmoción interior decretada por el Jefe de Estado.
Igualmente, la Comisión Humanitaria recopiló información sobre la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo por cuenta de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias del Frente 33, así como con el accionar de las fuerzas militares.
Las luchas de las organizaciones sociales del Catatumbo
La Comisión de Verificación Humanitaria fue convocada por el Comité Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), las Juntas Unidas del Zulia y Sardinata, el Movimiento Social Festival del Río, la Coordinadora Humanitaria y la Mesa de Paz del Catatumbo. Además, contaron con el apoyo de diferentes 40 organizaciones sociales.
Así mismo, la Comisión visitó cinco puntos importantes del municipio de Tibú, como zonas urbanas, veredas, corregimientos y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Negro Eliécer Gaitán.
Además, la Comisión de Verificación corroboró el permanente abandono del Estado, los enfrentamientos armados, abusos de las fuerzas militares, bombardeos indiscriminados, restricciones al transporte de alimentos, afectaciones a menores de edad para asistir a clases, entre otras violaciones e infracciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El próximo 17 de marzo será publicado el informe completo, donde se profundizará en las afectaciones que vive la población del Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos armados, las amenazas e intimidaciones contra el pueblo indígena Bari, los hostigamientos y persecuciones que han sufrido más de 50 líderes y lideresas de la región.
También exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, el cual, tras casi 10 años, fue incumplido por el Estado colombiano. Tierras para el campesinado, inversión social en los territorios y la protección de los firmantes de paz son algunos de los principales incumplimientos.
Comunidades del Catatumbo exigen al Gobierno que se retracte de sus acusaciones
Tanto el informe de la Comisión como las organizaciones sociales y las comunidades participantes le exigieron al presidente Gustavo Petro una retractación, después de que este relacionó a las organizaciones comunitarias y campesinas con grupos armados.
“Tales declaraciones se parecen mucho, demasiado, a las mismas que históricamente los gobiernos de derecha y ultraderecha que le precedieron al actual realizaban constantemente, en un ejercicio de criminalización de las legítimas e históricas luchas sociales”, dijo la Asociación Nacional Campesina Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Además de condenar las declaraciones del presidente Petro, el CNA rechazó las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe, quien es señalado de acusar sin evidencias al campesinado de ser guerrilleros. «Discursos como estos han sido justificaciones históricas del asesinato, persecución y judicialización de líderes y lideresas sociales», dijo la organización campesina.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se sumó al rechazo contra la estigmatización realizada por el Presidente Petro.
“No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. “Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”, dijo en su pronunciamiento la Defensoría.
A pesar de las distintas voces que le exigen al presidente Petro una retractación, el mandatario guarda silencio.
Información tomada de colombiainforma.info
