La prensa corporativa, los gremios empresariales y la Procuraduría, encabezada por Margarita Cabello y alineada con los intereses de los grupos financieros, han emprendido una intensa campaña para crear un ambiente que facilite la eventual anulación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. La Procuraduría, en un concepto[i] presentado en el marco de las 150 demandas interpuestas contra la reforma —Dentro de las cuales se destaca la de la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático— ha solicitado que la Corte declare la reforma inexequible.
El Ministerio Público señala que la reforma pensional adolece de un vicio insubsanable al haberse eludido un debate exhaustivo en todas sus etapas. En particular, se critica la falta de deliberación en la votación final de la Cámara, donde se aprobó el texto del Senado sin un análisis detallado de cada artículo. La votación en bloque, según el concepto, impidió una discusión adecuada.
En relación con este argumento, se puede señalar que, si bien el gobierno se vio obligado a proponer en la Cámara de Representantes la adopción en bloque del texto aprobado en el Senado debido al tiempo limitado para la aprobación —Debido a las maniobras de la oposición que llevaron el proyecto al límite mediante tácticas como sabotear el quórum, interponer recusaciones y otras artimañas para evitar un debate abierto y transparente ante el país—, afirmar que la reforma pensional no se debatió en la Cámara y que es desconocida por la mayoría de los representantes está lejos de la realidad. Este proyecto de ley ha sido uno de los más discutidos, no solo en el Congreso de la República, sino también a nivel nacional, lo que ha llevado a un amplio conocimiento de su contenido y diseño del nuevo sistema.
Preocupa que, durante el Congreso de la ANDI realizado en Medellín a principios de septiembre, el presidente[ii] de la asociación anunció que, según una fuente confiable, la reforma pensional recientemente aprobada en el Congreso sería declarada inexequible por vicios en el trámite. En ese contexto, recomendó realizar ajustes fiscales para asegurar el pago de la renta solidaria de $225.000 destinada a los adultos mayores, uno de los avances sociales clave de la reforma. Lo llamativo es que, en dicho evento, también se encontraba presente el presidente de la Corte Constitucional.
Recordemos que la reforma pensional amplía la cobertura de protección real para la vejez a través de tres mecanismos: renta solidaria, renta vitalicia y pensión. Uno de sus efectos inmediatos es reducir la pobreza entre la población mayor de Colombia, al incrementar el valor de la renta solidaria de $80.000 a $225.000 pesos mensuales, monto que permite empezar a superar el umbral de pobreza. Además, la cobertura se amplía de 1.6 millones a más de 2.6 millones de adultos mayores beneficiados.
Este aumento en el monto de la renta solidaria y en su cobertura es posible gracias al Pilar Solidario de la reforma, que proporciona un ingreso básico a los adultos mayores sin pensión, financiado por el ahorro del presupuesto público asignado a Colpensiones, que en el presente año ronda los $24 billones. Al establecer que todos los trabajadores con ingresos de hasta 2.3 salarios mínimos coticen a Colpensiones en lugar de los fondos privados, la reforma ayuda a cubrir el déficit de Colpensiones, asegura el pago de las pensiones actuales y futuras, y libera recursos del presupuesto público para financiar la renta solidaria.
La caída de la reforma pensional sería un acto de crueldad social. Este programa, que ha demostrado su eficacia en la reducción de la pobreza y la desigualdad, es un pilar fundamental de nuestro sistema de protección social. Desmantelarlo sería un retroceso histórico que condenaría a millones de adultos mayores a una vejez indigna y dejaría una profunda cicatriz en nuestro tejido social.
Razones para defender la reforma pensional
Por lo tanto, en este conflicto de intereses entre sectores sociales vulnerables y grupos financieros, es fundamental buscar un acuerdo social que permita preservar la reforma, ya sea mediante su declaración de exequibilidad o, en el peor de los casos, devolviéndola al Congreso para completar su trámite, si la Corte considera que no se dio una deliberación plena. A continuación, presento algunos argumentos que pueden contribuir a su defensa.
Análisis en la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional debería analizar varios aspectos clave al abordar las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma pensional. Estos aspectos incluyen:
Reflexión final a modo de conclusión
La defensa de la reforma pensional es esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa. En un país con profundas desigualdades, esta reforma representa una necesidad ética, orientada a mejorar la justicia social y reducir la pobreza en la vejez. Estudios técnicos del Ministerio de Hacienda respaldan su sostenibilidad financiera y coherencia con los principios constitucionales, mientras que la creación de una renta solidaria permite apoyar a los sectores más vulnerables, especialmente a los adultos mayores sin ingresos.
El bienestar de millones de personas depende de la implementación de esta reforma, la cual debe superar el control de constitucionalidad para quedar en firme. Este es el momento para construir un consenso nacional en torno a la reforma pensional, aprobada por el Congreso de la República, precedida de amplias deliberaciones en todo el país. Es fundamental dejar de lado los intereses particulares y poner en primer plano el bien común.
_________________
[i] https://www.lasillavacia.com/en-vivo/procuraduria-pide-tumbar-la-reforma-pensional/
[ii] https://www.elcolombiano.com/negocios/reforma-pensional-colombia-se-caera-dice-bruce-mac-master-presidente-andi-DB25355776
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: RTVC Noticias
Información tomada de sur.org.co