Sintraemsdes respalda Democratización y Regulación del Sector Energético

Ante Comisión V de la Cámara

Sintraemsdes respalda Democratización y Regulación del Sector Energético

La junta directiva de Sintraemsdes Nacional a través de una delegación encabezada por su presidente, Humberto Polo Cabrera, en compañía de Duván Monsalve, representante de Sintraemsdes Medellín, Alirio Cardona de la subdirectiva Pereira y Miguel Solanilla, Secretario Jurídico Nacional, dejó en claro el pasado martes 18 de noviembre, su apoyo al Proyecto de Ley de Democratización y Regulación del Sector Energético, que se discute al seno de la Comisión V de la Cámara de Representantes.

“Creemos que este proyecto que se viene discutiendo y sobre el que se han dado todos los debates posibles, obedece y atiende la dinámica actual del país y la necesidad de que exista equilibrio entre las políticas tarifarias, los beneficios de los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores.”, señaló Polo Cabrera en su intervención durante la audiencia pública realizada este martes.

El dirigente sindical aseguró que el actual sistema tarifario cumple ya 31 años de operación, un periodo en el que la realidad social y económica del país y el mundo se ha transformado de muchas formas, y un tiempo luego del cual es posible afirmar que el modelo privatizador del neoliberalismo ha fracasado. Es por ello que es más que necesario, urgente, corregirlo.

A través de numerosas intervenciones en diferentes instancias, la organización sindical y su líder Polo Cabrera, han advertido que el mundo ya ha comenzado a desarrollar y masificar nuevas alternativas energéticas, que ya se ven en Colombia y que posiblemente logren la cobertura que los privados se han negado a ofreceré a las regiones.

La llegada del cambio a la administración del gobierno, ha demostrado que busca ofrecerle a la ciudadanía los elementos que requiere para su desarrollo, comenzando por la energía eléctrica, al igual que los demás servicios esenciales y este proyecto es congruente con ese objetivo.

Desde luego que mantener el estado actual de las cosas en el sistema tarifario es ventajoso para el empresario y sus inversionistas, y que por ello lucha por mantenerlo igual, pero refleja una visión cortoplacista pues esos empresarios se equivocan al mantenerse aferrados a las políticas retrógradas de sus voceros, que atentan contra el bienestar del pueblo.

¿Por qué se justifica este Proyecto de Reforma?

Entre el año 1998 y el 2024, las tarifas de energía han subido un 320%, pero el aumento más dramático se ha observado desde el año 2020, (año de pandemia), al 2024, cuando las empresas han subido sus tarifas en un 170%, es decir que en cuatro años incrementaron lo mismo que se incrementó desde el 98 al 2019.

Pero además, ese incremento en la tarifa triplicó el incremento del poder adquisitivo, porque mientras las empresas subían las tarifas, los aumentos salariales eran mucho menores, afectando gravemente el costo de la canasta familiar para las familias.

El resultado es una situación considerada como pobreza energética, en la que más de 2,8 millones de hogares en Colombia destinan más del 15% de sus ingresos solo al pago de energía eléctrica.

Los estudios demuestran que el usuario de la costa atlántica debe destinar entre el 28 y el 35% de sus ingresos al pago de energía debido no solo a las altas temperaturas y las pérdidas, sino además a la falta de insfraestructura, que está a cargo de los prestadores.

Que el porcentaje en la costa pacífica oscila entre el 22 y el 30% de los ingresos no solo por los altos costos de distribución, sino además por las limitaciones de las redes existentes.

En la Orinoquía ese porcentaje oscila entre el 18 y el 25% como resultado de la baja densidad poblacional, mientras que en el Centro y Sur del país la demanda está entre un 12 y un 18% del ingreso, con tarifas más estables, dada la mejor cobertura

El incumplimiento sistemático de la cobertura

“Tengan claro que la privatización de las empresas estatales prestadoras de servicios, entró por la costa caribe y esos privados a la fecha no han cumplido con la tarea de asociar estructuralmente la prestación del servicio”, señaló Polo Cabrera, aludiendo a la realidad de todo el sector de servicios públicos, en que los capitales extranjeros se llevan los dividendos al extranjero sin hacer las inversiones, sin desarrollar infraestructura y sin programas sociales, condenando a las regiones al aislamiento del desarrollo. “No era cierto que la privatización traería ese desarrollo”, reiteró Polo Cabrera.

Claramente no es cierto que para ellos el usuario sea primero, como lo repiten gremios como Andesco, porque en la realidad los ciudadanos y los trabajadores han sido invisibilizados, tanto en el sector de energía como en los demás servicios esenciales y ante la posibilidad de hacer estos cambios necesarios en el modelo tarifario, a través de un proyecto de ley, desconocen la participación que ha tenido la ciudadanía y los usuarios en su elaboración.

“Creemos que en un país que dice ser un Estado social de derecho, es necesario dar un paso hacia la democratización no solo de las comisiones de regulación, sino además de las juntas directivas de los prestadores de servicios, para detener el proceso de conformación de oligopolios a través de la cual la prestación de los servicios esenciales se ha concentrado en manos de privados”, continuó Polo Cabrera.

Regulación para todos

“Y lamentablemente el rigor de la regulación que debe ejercer el Estado para garantizar el desarrollo del sector, se ha centrado en las empresas estatales y/o de economía mixta, mientras que a las empresas privadas rara vez se las sanciona; y esto se debe a que las comisiones de regulación han sido tomadas por el sector privado”, denunció Polo Cabrera.

Sobre la conformación de las comisiones, los trabajadores consideran que los requisitos para hacer parte de ellas, han sido diseñados a medida de los que han sido gerentes de empresas privadas y están comprometidos con su gremio; de ahí el veto que han sufrido esos nuevos actores que hayan sido introducidos por el gobierno nacional, hasta lograr su exclusión.

“Esas son las trabas que ha enfrentado ese anhelo de democratización que reclaman los trabajadores del sector y propuestas como las que hemos puesto sobre la mesa, desde hace 25 años como lo es la canasta básica de servicios públicos, para la cual es necesario determinar unos mínimos vitales de aquellos sectores de la población que realmente no cuentan con capacidad de pago, sectores que cada día crecen en número y que podrían constituir un nuevo estallido social”, advirtió el representante de los trabajadores.

“El proyecto de ley 432 de 2025 cuenta con nuestro respaldo y apoyo, porque consideramos que pone al usuario al centro de la problemática, visibiliza al trabajador de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que es el que genera la plusvalía y la riqueza del país, y porque es coherente con el cambio en la visión política que requiere el país, finalizó Polo Cabrera.

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