
Desde SINTRAEMSDES destacamos los avances del Gobierno Nacional en el desarrollo del principio constitucional del salario mínimo vital, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, una deuda histórica con la clase trabajadora colombiana.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado un enfoque que supera la discusión tradicional de la Mesa de Concertación Laboral, donde confluyen gremios empresariales, organizaciones sindicales y el Gobierno Nacional, y pone en el centro la garantía efectiva de derechos.
El salario mínimo vital no es una cifra aislada: es la posibilidad real de que una familia pueda acceder a vivienda digna, servicios públicos, educación y una canasta básica adecuada. El incremento del 23% debe entenderse como un avance progresivo hacia estándares internacionales recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un contexto donde Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en materia de salario mínimo.
Desde el movimiento sindical reiteramos que fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores dinamiza la economía nacional. Cuando las familias tienen mayores ingresos, aumenta la demanda de bienes y servicios, se fortalece la industria, se impulsa el comercio y se estimula la generación de empleo.
Rechazamos las afirmaciones que sostienen que un salario mínimo vital afectará negativamente el empleo. La experiencia internacional demuestra que economías con sindicatos fuertes y políticas laborales sólidas logran mayor estabilidad social y crecimiento sostenido.
Avanzar hacia el salario mínimo vital no es solo una discusión económica: es una apuesta por la dignidad, la justicia social y el cumplimiento de la Constitución.


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