La Junta Directiva de Sintraemsdes Nacional anunció este martes 10 de septiembre, que se sumará a la gran manifestación de protesta de toda Colombia, en contra del plan de golpe de Estado que la derecha opositora, planea en contra de Gustavo Petro y su elección como Presidente de la República de Colombia, en el año 2022.
Esa gran movilización nacional, que ha sido convocada por las centrales obreras del país, se realizará el próximo 19 de septiembre y ya han anunciado su respaldo, numerosas organizaciones de campesinos, estudiantes, ambientalistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, precisó que el llamado golpe de Estado blando se encuentra a cargo de la Concejo Nacional Electoral, CNE, en la que uno de sus magistrados, Hernán Prada, vinculado a un proceso por compra de testigos, puso en marcha una ponencia en contra de la campaña electoral del Pacto Histórico y Gustavo Petro, en lo que constituye un comportamiento absolutamente ilegal.
En el marco de la firma de la directiva presidencial dirigida a los funcionarios del gobierno, elaborada en conjunto con la Relatoría Especial para La Libertad de Expresión, RELE, de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, CIDH, para proteger la Libertad de Prensa, el presidente se refirió a la ponencia de la CNE, y la descalificó la falta de contundencia de las pruebas esgrimidas al seno de la CNE, para sustentar la ponencia en contra de la campaña electoral a la presidencia del año 2022, por el Pacto Histórico.
Petro señaló ante los medios presentes, que además de la libertad, se requiere el ejercicio de la profesión de manera crítica, y advirtió que un gran sector de esa prensa tradicional, de propiedad de las grandes empresas, ha sido cómplice de la mafia, que es la financiadora de ese plan de golpe de Estado, en el que se busca despojar a Petro del poder o su asesinato.
El mandatario adicionó que al igual que en Chile en el 72, la prensa guarda silencio, a pesar de que ya son tres las fuentes que sustentan las denuncias de golpe blando.
Luis Guillermo Pérez, exmagistrado y ex miembro del Concejo Nacional Electoral, hasta el 2022, calificó de justificadas las denuncias del mandatario, basado en el actuar político de la CNE y sus violaciones a la ley 996 de 2005,
Para el exmagistrado, es falso la afirmación de financiación ilegal de la campaña cuando los dineros entraron en calidad de préstamos desde organizaciones de trabajadores como la USO o Fecode; no hay violación de topes, ni financiación ilegal, y se han sumado montos que no corresponden a lo que el artículo tercero de la ley define como periodo de campaña.
Esa investigación nunca debió iniciarse, porque la ponencia se basa en una queja anónima interpuesta 7 meses después de la elección, cuando la ley define claramente un límite de 30 días. Por su origen político, el CNE debe desaparecer para que entre en operación un Tribunal Electoral que sea independiente de las fuerzas políticas, señaló Pérez.